Carta publicada en El Correo (12 mar., p. 24).
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Texto publicado en Diario de Navarra (13-X-2020)
La corrupción del Emérito, amén de las dificultades del actual regente por granjearse simpatías fuera del centro-derecha constitucionalista (obsérvese la campaña Voces en Defensa de la Monarquía del ABC, vísperas del 12-O), hacen que la primera institución del Estado penda del último hilo que la sostiene: la estabilidad.
Es en el mismo ABC donde Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha escrito que el rey “aporta la estabilidad sobre la que es preciso construir la recuperación económica”. Al margen del romanticismo que encarna la Corona, Don Juan Carlos I fue apartado de la Jefatura de Estado por perder la confianza que antaño generaba en el mercado exterior. No tanto porque el pueblo pida monarquía o república; simplemente, ya no era rentable.
En tanto que el Rey es máxima autoridad inamovible, su misión principal consiste en aportar seguridad a una economía llena de incertidumbres. La prolongación de mandatos presidenciales en potencias como Rusia (en otras palabras: convertir en zar a Vládimir Putin), o el incremento de fondos a la Corona en el Reino Unido, evidencian esta necesidad.
Felipe VI solo abdicará entonces bajo las mismas condiciones que su padre. Los reyes ya no se pliegan, como en el medievo, a la autoridad del Vaticano, pues el orden mundial no irradia ya de Roma. No es así descabellado vaticinar que, de venir a España una república, ésta deberá ser bipartidista, estable, con mandatos de larga duración, y una intervención popular en base a lo que sea financieramente sostenible. Muy lejos así de lo que pedía el difunto Julio Anguita.
Estos últimos días hemos podido oír al lehendakari hablar del incremento de las ayudas RGI en base a la previsión de crecimiento de un 2% en la economía vasca. Es un gesto de solidaridad con quienes las perciben en medio de una crisis en que cada vez más personas parecen necesitarlas en un contexto curiosamente halagüeño para la comunidad autónoma.
Una de las últimas propuestas del Partido Popular para el día de las elecciones generales es la de abrir la puerta a la devolución competencial de las comunidades autónomas que lo deseen. La medida, anunciada para bien y para mal como una vuelta a la recentralización, resulta conveniente: cabe recordar que aunque la mayor parte de la deuda pública proviene del Estado, la mayoría de las comunidades autónomas no son sostenibles -hay que rememorar la aseveración del economista catalán Niño-Becerra, quien interpreta que las mismas fueron diseñadas desde lo político, sin tener en cuenta su viabilidad económica-. Basta saber que a día de hoy únicamente cuatro regiones -las dos forales, Castilla y León y La Rioja- están fuera de los fondos de ayuda estatal FLA y FFF. Si España quiere llegar al próximo año 2020 a un déficit cero, la devolución es esencial, lo cual implica también que las comunidades que cumplen deberán tener cada vez más posibilidades de autonomía por la rentabilidad que generan en una Europa que va camino de ser más de las regiones que de los Estados. ¿Serán todas las derechas igual de coherentes a la hora de transferir las competencias que nos faltan como ley orgánica que es el Estatuto de Gernika si llegan a gobernar?